PIDEN UN CAMBIO DE MARCO

El Concejo Deliberante de Córdoba está discutiendo un nuevo marco regulatorio del transporte urbano, es decir, las reglas que van a ordenar cómo funciona el sistema de colectivos en la ciudad durante los próximos diez años.

Desde la Unión Cívica Radical advierten que el proyecto presentado por el Ejecutivo tiene puntos positivos, pero también serias falencias que pueden afectar la calidad del servicio y los derechos de los usuarios. “No es un debate menor: de estas decisiones depende la forma en que miles de cordobeses viajan todos los días. Queremos que la discusión sea clara para los vecinos, porque de este sistema depende el día a día de miles de cordobeses”, expresó la presidenta del bloque, Elisa Caffaratti.

“Para discutir un sistema que funcione, es clave contar con información transparente sobre el transporte actual. Sin embargo, hoy no se sabe cuántos colectivos están circulando oficialmente en Córdoba, qué pasó con las unidades de Tamse compradas en la gestión del ex intendente Llaryora, en qué condiciones se utilizan esos vehículos por parte de empresas con contratos precarios ni cuáles son las frecuencias reales que se cumplen. Tampoco se conoce un estudio actualizado de movilidad que muestre cómo se mueven hoy los cordobeses y qué zonas necesitan mayor cobertura. Sin esos datos, se termina diseñando una ordenanza a ciegas, sin responder a las verdaderas necesidades de la gente”, expresó Caffaratti.

Además, agregó: “El proyecto actual, habilita a que las empresas sigan operando hasta quince años entre concesiones, prórrogas y permisos precarios. En la práctica, esto significa que los vecinos pueden quedar atrapados en un servicio que no mejora, más caro y con recorridos deficientes, porque no hay competencia ni controles efectivos. Desde la UCR proponemos que, una vez vencido el contrato, la continuidad máxima sea de un año, con control del Concejo, y que los permisos precarios no se renueven indefinidamente”.

“Otro punto crítico es la antigüedad de los colectivos. La normativa vigente permite que circulen unidades con muchos años de uso, lo que para los pasajeros se traduce en viajes incómodos, menos seguros, más contaminantes, con roturas frecuentes y demoras constantes. La propuesta de nuestro bloque es que el parque móvil no supere los cinco años de antigüedad promedio y que exista un diez por ciento de unidades de reserva para garantizar la continuidad del servicio”, detalló la concejal.

El texto también menciona la participación ciudadana, pero no define cómo se implementará. Así, los recorridos pueden modificarse o eliminarse sin consultar a quienes dependen de ellos todos los días, lo que se traduce en más tiempo de viaje, mayores costos y dificultades para llegar al trabajo, la escuela o un hospital. La UCR plantea que toda modificación o creación de recorridos incluya instancias obligatorias de consulta vecinal.

“Por otro lado, la ordenanza crea un fideicomiso para manejar los fondos del sistema, pero no explica cómo funcionará ni cómo se accederá a la información. Esta falta de claridad deja a los vecinos sin la posibilidad de saber qué pasa con los subsidios que surgen de sus impuestos y tarifas. El riesgo es que haya menos colectivos circulando y un servicio de peor calidad. Para evitarlo, proponemos auditorías anuales, acceso público a los datos y control legislativo”, explicó.

“El transporte público es un servicio esencial, que no puede tener menos exigencias que las actuales. Desde el bloque UCR proponemos más control, más participación vecinal y reglas claras para garantizar calidad, accesibilidad y transparencia. Nuestro compromiso es con los vecinos que todos los días esperan el colectivo en la parada. Queremos un sistema moderno, inclusivo y confiable, no una normativa que signifique un retroceso”, concluyó Caffaratti.