CÓRDOBA SE MOVILIZÓ

La comunidad universitaria y la sociedad en general se movilizaron este martes en Córdoba en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que el gobierno nacional se niega a reglamentar.

“Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe, que escuche el clamor de todas las calles y plazas de la república, que impida que el gobierno nacional siga incumpliendo la ley de financiamiento universitario”, expresó desde el escenario Constance Keegan, titular de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC).

En el palco montado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen también hicieron uso de la palabra Inés Pastorino, representante de la gremial San Martín; Leticia Medina, representante de ADIUC; David Rincón, representante de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y Esteban Cabo, representante de los no docentes de la Universidad Provincial.

En rueda de prensa, el Rector de la UNC, Jhon Boretto, dijo que «es un hecho provocativo» el anuncio que hizo el Gobierno Nacional ayer de mayores recortes a las universidades nacionales.

Audio: Jhon Boretto (Rector de la UNC).

De acuerdo a fuentes de la organización, unas 100 mil personas estuvieron presente en la movilización, mientras que desde la Policía de la Provincia de Córdoba solo admitieron 20 mil personas, bastante lejos de lo que se vio en las calles cordobesas.

“La situación presupuestaria es critica, el recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones”, afirmó Pastorino.

Medina planteó que el gobierno nacional “cerró las paritaria” y causó “renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales”.

En representación de la UTN, Rincón hizo énfasis en el congelamiento de las becas universitarias. “La reducción de estas políticas expulsan a estudiantes del sistema universitario y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios”, afirmó.

La voz de los no docentes de la UPC estuvo a cargo de Cabo, quien manifestó: “La crisis no es sólo presupuestaria, debemos denunciar la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la república”.

En diálogo con GEF Informa, Constance Keegan sostuvo que «Llama la atención este ensañamiento, no solo desde lo discursivo y lo presupuestario, sino también en estos ataques de mensajes de odios, de difundir información falsa. Es realmente un ensañamiento con la Universidad Pública».

Audio: Constance Keegan (Presidente FUC).

Las columnas de manifestantes partieron a las tres de la tarde de este martes desde el Paseo de la Reforma, en el corazón de la Ciudad Universitaria, hacia la zona del Patio Olmos en la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Dos de los tres poderes que componen la República Argentina ratificaron, en diversas circunstancias, la necesidad de implementar la Ley 27.795, de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y No Docente.

Aprobada por el Congreso de la Nación con amplio consenso en agosto de 2025, el veto del Gobierno se encontró con su ratificación (más de dos tercios de ambas cámaras así lo votaron) unas semanas después, viéndose obligado a su promulgación en ese mes de octubre.

Sin embargo, su aplicación está suspendida de manera efectiva por decisión del propio Poder Ejecutivo. La “falta de recursos” y el quiebre del mentado “equilibrio fiscal” que conllevaría su puesta en marcha hicieron que la cuestión pase a la Justicia.

El avance del tiempo encontró a la norma con fallos favorables en dos instancias judiciales, pero aun así la gestión de Javier Milei apeló y llevó la cuestión a la Corte Suprema.

En esos términos es que su aplicación es demorada y justificada desde el Ministerio de Capital Humano y destratada desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias.

El contexto lo marcan casas de altos estudios con escaso presupuesto, docentes que eligen dejar la actividad o que ven, junto al resto de los trabajadores, sus salarios licuarse ante la negativa oficial a llevar adelante una paritaria, brindando aumentos ínfimos, unilaterales y vía decreto.