PROYECTOS PARA ABRIR LAS CAJAS NEGRAS

Frente a lo que consideran un sistema de fiscalización «peligrosamente poroso, ineficaz y discrecional», el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR), acompañado por las bancadas opositoras, presentó dos proyectos de ordenanza y resolución, que exigen abrir las «cajas negras» de las habilitaciones comerciales de la nocturnidad de los últimos cinco años.

La ofensiva legislativa surge como respuesta directa al estrépito social y la indignación colectiva provocada por el trágico caso de Agostina, sumado a las graves irregularidades detectadas en el funcionamiento del boliche “Wachitas”. Para los ediles, estos hechos expusieron la peor cara de la desidia estatal: locales que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad edilicia, capacidad o prevención de incendios, pero que logran misteriosamente alcanzar y mantener el estatus de «habilitados».

Desde la UCR salieron al cruce de las últimas reacciones del Palacio 6 de Julio y desmontaron la estrategia oficialista: «La propuesta del Ejecutivo de crear ahora una nueva unidad de control es exactamente el mismo anuncio que se hizo hace dos años y medio con la creación del actual Ente, que venía supuestamente a traer más agilidad a los trámites, menos burocracia y transparencia. Ha sido un rotundo fracaso».

«Por eso, nosotros no proponemos más burocracia interna ni promesas repetidas: exigimos la realización de una auditoría externa independiente y la creación de una comisión en el ámbito del Concejo Deliberante para el análisis profundo de todas las habilitaciones entregadas en los últimos cinco años», sentenciaron desde el bloque UCR.

Lupa sobre los firmantes y las «reaperturas exprés»

La iniciativa del bloque que preside la concejal Elisa Caffaratti no se limita a la revisión formal de expedientes administrativos; busca desentrañar la matriz política y funcional detrás de los controles. El primer proyecto establece la creación de la «Comisión Especial Investigadora sobre Procesos de Habilitación y Promoción de Locales Nocturnos», amparada en la Carta Orgánica Municipal, que tendrá un plazo de 180 días para dictaminar.

Esta comisión pondrá la lupa sobre:

Patrones de firmantes: Investigar si se repiten los mismos nombres de funcionarios y agentes públicos en las actas de habilitación y levantamiento de clausuras de los locales más cuestionados.

Tratamiento diferencial: Determinar por qué el municipio actúa con extrema rigurosidad para algunos comerciantes del sector, mientras demuestra una «llamativa laxitud o celeridad excepcional» para otros.

Auditoría de la UNC para terminar con la discrecionalidad

En paralelo, y para garantizar un dictamen técnico indiscutible, el segundo proyecto solicita formalmente al Ente de Fiscalización y Control municipal que encomiende una auditoría independiente e integral a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Esta auditoría de la casa de altos estudios deberá desnudar la trazabilidad de todos los boliches y bares que hayan acumulado dos o más clausuras en los últimos 5 años. La UNC tendrá la tarea de exponer los motivos reales de las sanciones, los plazos exprés en los que consiguieron reabrir y si existieron excepciones o «dispensas» arbitrarias que pusieron en riesgo la vida de los jóvenes cordobeses.

«Ya no discutimos únicamente expedientes administrativos o habilitaciones de papel; discutimos la vida y la integridad de nuestros jóvenes frente a un sistema que se muestra permeable. La ciudadanía tiene el derecho absoluto a saber cómo y quiénes habilitan la noche en Córdoba», señalaron desde el bloque impulsor de las medidas.

Con este movimiento, la oposición traslada la presión directa al Departamento Ejecutivo Municipal, advirtiendo que la seguridad pública y la transparencia institucional no admiten «más dilaciones ni medias tintas».