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RECONOCIMIENTO A LA MEMORIA DE MARÍA DE MORINI

Foto: Prensa Legislatura de Córdoba.

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RECONOCIMIENTO A LA MEMORIA DE MARÍA DE MORINI

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, entregó un reconocimiento a la Agrupación Teresa de Morini, en homenaje a la memoria de María Teresa Merciadri de Morini, al cumplirse el 32° aniversario de la presentación del Caso Número 11.307 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una acción que marcó un precedente fundamental para garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Cupo Femenino en Argentina.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Karen Acuña, mediante una declaración aprobada por la Unicameral cordobesa que destaca el legado de Merciadri de Morini en la defensa de los derechos políticos de las mujeres y del principio de igualdad de género.

Durante el acto, Prunotto señaló que uno de los desafíos actuales es transmitir a las nuevas generaciones las conquistas alcanzadas en materia de igualdad.

Por su parte, Acuña recordó el camino recorrido para consolidar los derechos políticos de las mujeres y puso en valor el trabajo de quienes sostuvieron esa lucha a lo largo del tiempo.

En representación de la familia de María Teresa Merciadri de Morini, agradecieron el homenaje otorgado por la Legislatura y el reconocimiento a una trayectoria que contribuyó a ampliar la participación política de las mujeres en el país. Por parte de la Agrupación Teresa de Morini estuvieron presentes Hilda Chamorro, Carina Noelia López, Alma Noemí Salazar, Karina Guzmán y Beatriz Gutiérrez.

Acompañaron el acto de entrega las legisladoras Doris Mansilla, Inés Contrera y Ariela Szpanin, y el legislador Dante Rossi.

Un antecedente histórico

El 15 de junio de 1994, María Teresa Merciadri de Morini presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de que se incumpliera la Ley de Cupo Femenino en la conformación de una lista de candidatos a diputados nacionales por Córdoba.

Tras agotar las instancias judiciales en Argentina, el caso fue admitido por la CIDH y culminó con una solución amistosa en la que el Estado argentino reconoció la vulneración de los derechos políticos de las mujeres. Ese proceso constituyó un antecedente decisivo para la posterior reglamentación que garantiza la aplicación efectiva de la Ley 24.012 y fortaleció el acceso de las mujeres a los cargos electivos.

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