MÁS CONTROLES EN LA CÁRCEL

Desde el Gobierno de Córdoba indicaron que al cumplirse los 30 días de la intervención del Servicio Penitenciario, dispuesta por el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia, las autoridades evalúan de manera muy positiva los resultados iniciales de las medidas adoptadas normalizar su funcionamiento.

Entre otros aspectos, el informe elaborado por la intervención que encabeza Gustavo Vidal Lascano destaca que la actualización del protocolo de requisas ha permitido incautar drogas, alcohol, elementos punzocortantes y teléfonos celulares, entre otros elementos.

En este sentido, el ministro de ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que “muchas de estas medidas se venían ejecutando y se han profundizado, otras fueron incorporadas en el marco de este proceso”.

“Hemos puesto el foco en trabajar con el personal del Servicio, para contar con la colaboración y el profesionalismo de aquellos dispuestos a normalizar y superar las dificultades que en este momento que atraviesa la fuerza”, agregó el funcionario.

Las medidas, aplicadas desde hace un mes en los Establecimientos Penitenciarios de toda la provincia, se traducen a la fecha en el secuestro de 113 elementos punzocortantes, 10.9 kilos de marihuana y 2.4 kilos de cocaína, 65 componentes de psicofármacos, 17 recipientes de bebidas alcohólicas y $ 681.010 en efectivo.

Además, fueron incautados 275 teléfonos móviles, 142 cargadores, 143 cables USB, 121 tarjetas SIM, 22 auriculares y 1 pen drive.

Más controles

La batería de medidas destinada a mejorar los controles incluye el seguimiento de los vehículos hasta el lugar de descarga, la confección de actas y su notificación.

Al mismo tiempo, se avanzó en la planificación de un tinglado que será construido en el penal de Bouwer. Ubicado en su playa de estacionamiento, antes del ingreso a los portones de la cárcel, allí se practicará una exhaustiva requisa de los vehículos que transportan insumos, mercadería o cualquier elemento destinado al complejo.

También se dispuso la creación de una sede del GOPT (grupo antimotines) en Villa María con la logística necesaria para que, en caso de necesidad, pueda desplazarse hacia San Francisco y Río Cuarto.

Estas acciones se complementarán a futuro con la creación y puesta en marcha de la Unidad de Control Penitenciario, un área dependiente de la Sub-Jefatura que se tendrá a su cargo la tarea de fiscalizar el movimiento de personas, mercaderías, carga y vehículos, así como de colaborar con los grupos de élite.

En materia edilicia, las autoridades pidieron un relevamiento de las obras que se encuentran en ejecución. Al mismo tiempo, se solicitó colaboración técnica al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para un diagnóstico de la situación en que se encuentra la Cisterna de Bouwer que se está ejecutando desde el Servicio Penitenciario.

También se dispuso la prueba en vacío del nuevo módulo, que ya se encuentra en etapa de habilitación en los próximos meses.