CONTRAOFENSIVA MUNICIPAL

La Municipalidad de Córdoba, por instrucción del Intendente Daniel Passerini, se presentó este miércoles ante la Justicia Federal con el objeto de que se analice e investigue todo el proceso vinculado al esquema de administración de los subsidios nacionales que se recibieron para el sistema de transporte urbano de la ciudad.

Habiendo tomado conocimiento de que el senador nacional, Luis Juez, formularía en el día de la fecha una presentación ante la Justicia Federal en este sentido, la Municipalidad define su propia presentación para la investigación integral desde los inicios de este sistema, para que las conclusiones de la intervención judicial lleve la necesaria transparencia y tranquilidad a los vecinos. Debe analizarse todo el proceso temporal, al tratarse de fondos públicos con un destino de alivio al costo del transporte para los usuarios. No deben quedar dudas y para eso entonces, nada mejor que una investigación completa.

Según indicó en rueda de prensa Rodrigo Fernández, secretario de gobierno de la Municipalidad de Córdoba, «este sistema se puso en marcha en el año 2003, cuando Luis Juez era el Intendente de la ciudad, y Néstor Kirchner el Presidente de la Nación».

«La transparencia y la coherencia no se declaman, se ejercen. Es compromiso de este Gobierno Municipal, para que no se enturbien con permanentes ataques y politiquería que solo busca sembrar sospechas y desprestigio a quienes gobernamos y hacemos todos los días», dijeron desde el municipio.

La presentación de Juez

Foto: Prensa Luis Juez.

El senador nacional Luis Juez (Juntos por el Cambio), denunció ante la Justicia Federal a la Municipalidad de Córdoba, a raíz de un convenio de la empresa Tamse con la prestataria del servicio urbano de transporte Ersa Urbano SA (hoy retirada del sistema).

Según el escrito, “en diciembre de 2022 se aprobó un acuerdo de cooperación entre la empresa municipal y Ersa, que tenía un plazo de tres meses, aunque podía renovarse solo hasta un máximo de 12 meses”.

El fin del acuerdo: “la ejecución provisoria por parte de Tamse de los servicios de transporte público urbano de pasajeros de la ciudad con su personal y sus unidades”.

La denuncia presentada ante el fiscal Enrique Senestrari tiene que ver «con un compromiso firmado en el año 2022 para todo el año 2023, que comprende a 49 colectivos de Tamse, con personal de la empresa municipal, que prestaban servicio en la empresa Ersa con un total del subsidio de 1.500 millones de pesos», dijo Juez a Radio Nacional Córdoba.