GREMIOS APORTANTES DEMANDAN EL FIN DEL AJUSTE

Los gremios aportantes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba continúan con la demanda al gobernador Martín Llaryora del cese inmediato del ajuste previsional.

El comunicado que firman el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Educadores del la Provincia de Córdoba (UEPC), Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba (SELC), Luz y Fuerza Regional (Villa María) y el gremio de los Empleados de Casinos (ACEC), expresa: “Los gremios aportantes a la Caja demandamos al gobernador Martín Llaryora el cese inmediato del ajuste previsional. Si bien acompañamos enérgicamente el reclamo al Gobierno Nacional por la transferencia de los fondos que legalmente corresponden a nuestra provincia, sostenemos que el Ejecutivo Provincial tiene la obligación ineludible de cumplir con sus compromisos previsionales, ello resulta ahora un imperativo mayor, dado que, en mayo se duplicó la cuota mensual que la ANSES debe enviar a la Provincia; en consecuencia, no existe justificación alguna para mantener el recorte sobre los haberes.

Por todo esto, reiteramos nuestro rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria. Ya nos hemos expresado sobre su carácter regresivo, lo cual fue puesto en evidencia en el mes de junio con el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre un caso particular, que dispuso morigerar la alícuota adicional establecida por esta ley, reduciéndola del 8% al 6%. A su vez, seguimos reclamando por el fin del diferimiento, del descuento por doble beneficio, y por el cumplimiento del pago del 82% móvil.

En simultáneo, exigimos que el Gobierno Provincial intervenga de forma urgente para frenar la agresiva política de recupero de deudas que afecta a miles de trabajadores públicos en mora. Ante la asunción de un nuevo directorio en el Banco de la Provincia de Córdoba, les exhortamos a que trabajen de manera inmediata en mecanismos que alivien los descuentos financieros de un sector de trabajadores que hoy se encuentra cautivo de la institución.

Bancor practica descuentos abiertamente confiscatorios que impactan de lleno en el bolsillo de las familias trabajadoras, llegando en muchísimos casos a absorber el 100% de los haberes apenas se depositan, afectando tanto a activos como a jubilados. Rechazamos totalmente que estos débitos vacíen las cuentas sueldo y que avancen de manera desmedida incluso sobre el cobro del medio aguinaldo, las asignaciones familiares, las cuotas alimentarias y los subsidios por discapacidad.

Denunciamos también que el plan de refinanciación implementado por el banco no es una solución real. Lejos de aliviar la situación de los deudores, impone tasas de interés que superan el 120% anual para el sector docente y la administración pública. En reiteradas oportunidades le solicitamos al gobernador Martín Llaryora su intervención, pero no hubo ninguna respuesta. Ante este silencio, exigimos la suspensión inmediata de estos descuentos abusivos y que el Poder Ejecutivo establezca de manera urgente un tope legal a los débitos, tal como rige para los embargos, para resguardar el sustento básico de las y los trabajadores».