DESARROLLO HUMANO
LA CAUSA DE LOS ENTERRAMIENTOS CLADESTINOS
La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, junto a la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez, mantuvieron una reunión con representantes de organismos de Derechos Humanos de Córdoba (Abuelas de Plaza de Mayo, Ex Presos Políticos, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S.) y familiares querellantes en la causa que investiga enterramientos clandestinos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.
Durante el encuentro la Ministra comprometió el apoyo del Gobierno Provincial para garantizar la continuidad de la investigación, frente a las dificultades que atraviesa la misma por la falta de fondos que disponen los juzgados federales que intervienen en la causa.
La reunión, que se enmarca en una respuesta al pedido de las familias querellantes y de la Comisión que agrupa a organismos de DDHH y representantes de la sociedad civil, se concretó en la sala de reuniones del Ministerio de Desarrollo Humano.
Previamente la Ministra junto a la Secretaria había mantenido una reunión con el juez federal Número 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la causa, y con el secretario Miguel Ceballos.
Tanto frente al Juez de la causa como ante los organismos y familiares querellantes la Ministra ratificó la decisión del Gobierno de la Provincia que encabeza Martín Llaryora de aportar los recursos materiales y logísticos necesarios para avanzar en la búsqueda de restos de personas desaparecidas, donde se encuentra el predio del ex Centro Clandestino de Detención “La Perla”.
Esta acción se enmarca en las hipótesis surgidas a partir de las investigaciones desarrolladas en el marco de la causa conocida como Enterramientos Clandestinos.
La reunión avanzó en torno al compromiso histórico y sostenido del Gobierno de Córdoba con las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, y representa una decisión concreta frente al actual contexto de desfinanciamiento nacional en causas por crímenes de lesa humanidad en el país.
La colaboración del Estado provincial busca garantizar el avance de una causa iniciada en 1998 y que hoy representa una de las últimas oportunidades de encontrar a personas desaparecidas, ante el paso del tiempo y la pérdida de testimonios y evidencias.
