QUINTEROS DENUNCIÓ PENALMENTE AL TRIBUNAL DE CUENTAS

En un comunicado de prensa el Gobierno de Córdoba informó que: «El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, informa que ha formulado denuncia penal, conforme lo previsto por los artículos 314, 315 y concordantes del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, a fin de que el Ministerio Público Fiscal investigue hechos ocurridos en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, vinculados a la intervención ejercida en el Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025».

Fundamentos técnicos de la denuncia

En el comunicado se expresan los siguientes fundamentos técnicos de la denuncia:

• La presentación tiene por objeto que la Justicia investigue si la resolución mediante la cual se observó el gasto y se negó el visado del expediente se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad, o si, por el contrario, se incurrió en una extralimitación de funciones, al fundarse en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, ajenos y vedados a la competencia del órgano de control.
• Asimismo, se advierte que tales consideraciones implican una injerencia en facultades propias del Poder Ejecutivo, afectando el principio de división de poderes y excediendo el marco legal que regula la actuación del órgano de control externo.
• En razón de la gravedad institucional de los hechos y ante la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública, se promovió la correspondiente acción para que la Justicia investigue el alcance y la legalidad de la actuación desplegada.

Finalmente, el ministro ratifica su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por el principio de división de poderes.

Declaración del ministro

Al fundamentar la decisión, el ministro expresó:

“Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra. Consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley.”

Y concluyó:

“Expresiones como ‘fraude’, ‘corrupción’, ‘traje a medida’, ‘sobreprecios’ o ‘cajas negras’, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. Que quede claro: todo tiene un límite.”