APUNTAN CONTRA UN CONCEJAL LIBERTARIO

El concejal libertario Facundo Varea fue señalado por una administración privada como fiscalizador de trabajos sobre treinta calles públicas. Una denuncia ingresada al Concejo pide esclarecer su participación y una posible incompatibilidad con su cargo.

Una nota enviada a propietarios de Villa Catalina puso al concejal Varea en el centro de una denuncia vecinal en Río Ceballos. La administración de Campos Verdes y Eco Catalina lo presentaba como “Intendente” y le atribuía el control de un plan de mantenimiento vial financiado mediante cargos extraordinarios.

Ahora, los vecinos reclaman que el Concejo Deliberante investigue si el edil ejerció esa función, para quién trabajaba y bajo qué condiciones. La presentación incluye una factura por $18,15 millones y respuestas municipales que confirman que las calles son públicas.

Treinta calles y cargos a los propietarios

Según la denuncia, la comunicación de la administración anunciaba un arreglo integral de treinta calles con motoniveladora, minicargadora, aporte de material y rolocompactador.

El costo se distribuiría entre las tres etapas del barrio. Para afrontarlo, se informaba un cargo extraordinario de $13.000 por unidad en cada una de las liquidaciones de abril, mayo y junio.

En ese mismo documento, Varea habría aparecido como responsable de la fiscalización y el control de los trabajos y como contacto para responder consultas.

Los denunciantes piden establecer si el concejal aceptó y desempeñó esas tareas y si mantuvo algún vínculo contractual, laboral, profesional, societario o de representación con las entidades involucradas, remunerado o no.

La factura que incorporaron a la denuncia

Entre los antecedentes figura un comprobante emitido el 26 de marzo de 2026, donde figuran los nombres de las empresa. El importe es de $18.150.000 y el concepto consignado es reparación de calles.

Los vecinos solicitan reconstruir la contratación, la financiación y la eventual ejecución de los trabajos, además de identificar a quienes estuvieron a cargo de dirigirlos y fiscalizarlos.

La factura no menciona a Varea ni individualiza las calles. Por eso, la relación entre ese comprobante y el plan anunciado es uno de los puntos que la denuncia pide comprobar.

Bienes públicos bajo mantenimiento privado

Las respuestas municipales incorporadas al expediente vecinal confirman que las calles de Villa Catalina pertenecen al dominio público y corresponden a loteos registrados en 1948 y 1949.

Además, la Secretaría de Desarrollo Económico, Productivo y de Servicios informó que, a la fecha de su respuesta, no constaba en su ámbito un instrumento administrativo vigente que facultara a la empresa señalada para asumir autónomamente su mantenimiento regular.

El informe diferencia las colaboraciones ocasionales de la prestación organizada y permanente de un servicio público. Ese encuadre es central para el reclamo: los vecinos quieren saber cómo se organizaron las tareas y qué papel habría cumplido un integrante del Concejo en esa actividad.

Un antecedente judicial y un nuevo cuestionamiento

El concejal libertario integró el gabinete de la actual gestión municipal y hoy ocupa una banca opositora. Fue apartado del bloque que integraba y está imputado por presunta estafa en una causa vinculada con una aseguradora que tramita en Fiscalía. Ese proceso es independiente del planteo sobre Villa Catalina y la imputación no implica una condena.

La nueva denuncia invoca el artículo 128 de la Carta Orgánica Municipal y solicita investigar una posible incompatibilidad o causal de responsabilidad política.

Los firmantes piden que el edil presente sus explicaciones y pruebas, y que el Concejo adopte una decisión fundada. El centro del reclamo es determinar si Varea ejerció funciones para una administración privada sobre calles públicas y si esa actuación se ajustó a las obligaciones de su cargo.