EL GOBERNADOR RECHAZA EL VETO

El gobernador Martín Llaryora y la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, participaron de un encuentro en el que representantes de más de 150 instituciones que trabajan con personas con discapacidad plantearon ante los legisladores nacionales de Hacemos Unidos la urgente necesidad de que se declare la emergencia, y recibieron el compromiso expreso del Gobierno provincial y del bloque legislativo para sostener la ley y rechazar el veto presidencial.

Bajo la premisa de “Basta de crueldad disfrazada de equilibrio fiscal”, la reunión fue articulada por el Ministerio que conduce Montero ante el pedido impulsado por la Fundación Converger, Capredis (Cámara de Prestadores de la Discapacidad), la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos y ATI (Asamblea Trabajadores por la Inclusión), tras la decisión del Gobierno Nacional de vetar la ley que buscaba garantizar la actualización de aranceles y fortalecer las políticas públicas para el sector, de modo de poder brindar la asistencia sanitaria básica y la calidad de vida de la personas con discapacidad.

Del encuentro, que se realizó en el Centro Cívico, participaron los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez, quienes escucharon los planteos del sector, ratificaron el compromiso con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y el trabajo conjunto para sostener la ley y revertir el veto presidencial. A su vez, les transmitieron el apoyo expreso en el mismo sentido de parte de sus pares de bancada Juan Fernando Brügge y Natalia De la Sota, que se vieron imposibilitados de asistir.

El gobernador Martín Llaryora se sumó en un tramo de la reunión para ratificar la postura oficial y afirmó: “Como gobernador quería brindarles mi apoyo explícito”, y remarcó que este respaldo debe trascender banderas partidarias: “Podemos pensar distinto, ser de distintos partidos y tener una idea en común sobre qué opinamos sobre esta ley para ayudar a ser una sociedad cada vez más humana y más integradora”

El mandatario provincial destacó además las políticas activas que impulsa el gobierno provincial y también puso en valor los avances alcanzados por el colectivo en las últimas décadas y sostuvo que hoy se puede hablar que “hubo éxitos en la integración educativa y en el trabajo”.

En relación al veto de la ley de emergencia de discapacidad, indicó: “Claramente el déficit fiscal no tiene nada que ver con esta ley. Esta ley es simplemente una expresión ideológica de retrocesos sobre las políticas de integración que viene haciendo la Argentina”.

Una política pública en números

Al cierre del encuentro, la ministra Montero agradeció la respuesta a la convocatoria, señaló que se continuará trabajando de manera articulada con todos los sectores, y junto con sostener que a diferencia de lo que ocurre en la Nación la discapacidad en Córdoba es una política pública, recordó algunos números oficiales en esta materia.

“La Provincia de Córdoba aporta al año 127 millones de pesos en discapacidad, distribuidos en los distintos estamentos. Casi 61 mil millones de pesos son de Apross, casi 54 mil millones de pesos en educación especial, 3.000 millones del fondo especial de nuestro Ministerio al que el gobernador hacía referencia, 5.300 millones en acción social desde Salud, unos 500 millones en deporte adaptado”, enumeró.

“Es decir, que la Provincia viene asumiendo un monto importante”, destacó, y señaló que resulta fundamental que el Gobierno nacional asuma no se desentienda de sus obligaciones para poder sostener el sistema.