INFORMACIONES LEGISLATIVAS

Durante la octava sesión ordinaria presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, el pleno legislativo prestó aprobación al proyecto de ley N° 32045/E/20 iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, para la modificación de los artículos 468 y 474 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba – Ley Nº 8123,  con el objetivo de garantizar el derecho de recurrir el fallo condenatorio ante el juez o tribunal superior.

La iniciativa fue tratada este miércoles, tras el despacho favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General. De este modo se dio respuesta al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido en julio del 2020 sobre el caso “Valle Ambrosio y otro Vs. Argentina”, y que revisa el proceso penal que transitaron dos ciudadanos cordobeses con una pena privativa de libertad en el establecimiento carcelario de Bouwer.

La sentencia condena la “inadmisibilidad” declarada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a los recursos de casación o extraordinario presentados por las víctimas. Víctimas que luego fueron absueltas de los cargos que dieron origen al proceso judicial.

En este marco, el órgano judicial autónomo de la Organización de Estados Americanos dispuso: “El Estado adecuará, dentro de un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en esta Sentencia sobre el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior, en los términos de lo dispuesto en los párrafos 67 a 70 de la presente Sentencia”.

TRATAN PROYECTO DE CREACIÓN DEL FUERO PENAL

Las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Equidad se reunieron para iniciar el tratamiento de dos proyectos de ley elevados por Poder Ejecutivo en relación a la creación de un Fuero Penal especializado en violencia de género en el ámbito provincial.

Coincidentemente en el Mes de la Mujer, estas iniciativas llegan a la Unicameral como una acción tendiente a favorecer el abordaje especializado sobre esta problemática social y que posibilite la toma de decisiones estratégicas en la materia.

En este sentido, el Proyecto de Ley 32309/L/2 propicia la creación de este Fuero reasignándole competencia en violencia de género a juzgados, fiscalías ya existentes, a la vez que se crean juzgados, fiscalías y asesorías letradas en la Primera Circunscripción Judicial y fiscalías de igual competencia en las ciudades de Jesús María, de Cosquín, de Villa Dolores, y en las Segunda, Cuarta y Quinta Circunscripciones Judiciales.

Del mismo modo, Proyecto de Ley 32310/L/21 busca crear dos juzgados con exclusiva competencia en violencia de género, en la modalidad doméstica, en la Primera Circunscripción Judicial de Córdoba Capital.

Los integrantes de las tres comisiones acordaron formalizar los aportes y sugerencias que contribuyan a la mejora del proyecto. Para la semana próxima se estima una nueva reunión conjunta, esta vez con la participación de funcionarios del Ministerio de Justicia para atender requerimientos y consultas de legisladores y legisladoras.

De la reunión también participó el legislador Juan Manuel Cid, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

ASENTAMIENTO DE PARQUE DE LAS ROSAS

En una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social se trató este martes un proyecto iniciado por el Poder Ejecutivo, en el sentido de declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el lote de terreno correspondiente al asentamiento denominado “Parque Las Rosas”, en el barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de la comisión parlamentaria, Natalia de la Sota, y contó con la participación de Alfredo Magallanes y Cristián Heredia, subsecretario de Escrituras de Viviendas Sociales y director de Escrituración de Viviendas Sociales de la Provincia, respectivamente.

Los funcionarios explicaron ante las legisladoras y los legisladores participantes las particularidades de este terreno separado en dos lotes de 3900 metros cuadrados, perteneciente a una empresa declarada en quiebra desde 2005.

Si bien la comunidad que vive en el asentamiento se encuentra integrada a la del lindero Barrio Ciudad Parque Las Rosas, la situación precaria del primero hace que sus habitantes utilicen servicios básicos de este último, lo que ocasiona consecuencias en los suministros.

La expropiación y la declaración de utilidad pública, detallaron Magallanes y Heredia, son trámites necesarios para permitir que el Gobierno provincial avance en la dotación de infraestructura para las 81 familias, en su mayoría jóvenes, que actualmente habitan el sector.