Judiciales
LA CONDENA NO ES TRUCHA
En la mañana de este miércoles, la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto condenó a siete años de prisión a Ignacio Martín, el «médico trucho del COE», por los delitos de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, defraudación calificada continuada, falsedad ideológica de instrumento público reiterado y lesiones leves.
No obstante el tribunal lo absolvió de los delitos de homicidio simple con dolo eventual de Nicolás Alejandro Bertol (29), un joven al que atendió durante la pandemia, como también del uso de documento privado falso y tentativa de defraudación calificada, por los que también había llegado acusado al juicio.
La Fiscalía en conjunto, integrada por Pablo Javega y Rosario Fernández López, había pedido nueve años de prisión para quien estuvo a cargo del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en Río Cuarto, en el marco del abordaje del Coronavirus.
Por otra parte, los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía de Cuarto Turno de Río Cuarto, para que investiguen a otros posibles responsables de los hechos sucedidos, la que continuará tras conocerse los fundamentos.
“Quiero volver a reiterar el pedido de disculpas que hice en todo momento en el juicio a ustedes, a la parte querellante, a la sociedad en general», dijo Ignacio Martín antes de conocer la sentencia.
Martín está detenido desde febrero de 2021 y estiman que, de confirmarse la condena a siete años de prisión tras las apelaciones, deberá permanecer en prisión al menos tres años, antes de recuperar el beneficio de la libertad condicional.
Recordemos que el ahora condenado ingresó como voluntario al COE, a partir de un convenio entre la Cruz Roja, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Gobierno de la Provincia; y que entre agosto y diciembre de 2020 atendió pacientes con Covid bajo la órbita de autoridades del COE y del municipio de Río Cuarto.
En el transcurso de la investigación, Martín reconoció parcialmente los hechos por los cuales se los acusó y al mismo tiempo apuntó contra funcionarios del Gobierno de Córdoba, a quienes acusó de conocer su situación e incluso acompañar su designación fraudulenta.
