Seguridad
LA NARCOCRIMINALIDAD SE DISCUTE EN LA MESA
Con la presencia del gobernador Martín Llaryora, la Provincia de Córdoba oficializó la puesta en marcha de la Mesa Provincial de Análisis de Narcocriminalidad.
Esta nueva instancia técnica tiene como misión central garantizar que Córdoba se consolide como un «territorio hostil» para las organizaciones delictivas, mediante la mejora en la captación y el análisis de datos estratégicos.
Durante el encuentro, el gobernador Llaryora ratificó que la lucha contra el narcotráfico es la política de seguridad prioritaria de su gestión, subrayando que las organizaciones criminales ponen en crisis a todas las instituciones y a la sociedad.
El mandatario destacó el valor de contar con un sistema de fuerzas plural y especializado, al tiempo que reafirmó su compromiso con la especialización de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
Llaryora instó a todos los sectores a trabajar de manera horizontal.
Por su parte, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que la creación de esta mesa responde a la necesidad de dotar de mayor eficiencia técnica al combate del delito.
El ministro también hizo hincapié en la necesidad de estudiar las nuevas dinámicas delictivas, como el incremento de delincuentes primarios y la radicación de bandas en los barrios, para articular respuestas complementarias desde el Estado y el Poder Judicial.
Objetivos y composición de la Mesa
La Mesa de Análisis de Narcocriminalidad está coordinada por la Secretaría General de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, a cargo de Nadia Fernández, que depende del Ministerio de Justicia.
Cabe destacar que el desarrollo técnico de este espacio de trabajo estará a cargo del COPEC (Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba), encargado de realizar las mediciones y el procesamiento de los índices clave.
Entre sus objetivos se destacan: Generar políticas públicas basadas en inteligencia criminal y evaluación permanente del conflicto; elaborar un mapa detallado del delito para fortalecer la capacidad operativa estatal; evaluar herramientas legales, para dotar de mayores recursos a fiscales y jueces y sumar, en una etapa posterior, a actores de la Justicia Federal para ampliar la red de contención.
La mesa está integrada por un amplio abanico institucional y académico, participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Trabajo, el Organismo de Control de Fuerzas de Seguridad, la Dirección General de Investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y el Servicio Penitenciario. También estuvieron presentes del Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Poder Judicial, la Legislatura provincial, la DAIA, la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito y representantes de universidades como la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, la Universidad Siglo 21 y la Universidad Blas Pascal.
Del encuentro también participaron intendentes y representantes de las ciudades de Córdoba Capital, San Francisco, Río Cuarto, Alta Gracia y Villa María.
