LA VIGILANCIA ELECTRÓNICA

En un acto presidido por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julián López, quedó inaugurado hoy el flamante Centro de Control de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (CCPVE), que funcionará en el edificio de la jefatura del Servicio Penitenciario de la Provincia y creado mediante un acuerdo que oportunamente firmaron los ministerios de Nación y Provincia.

El CCPVE tendrá a su cargo el control, durante las 24 horas y los 365 días del año, de todos los movimientos que generan los dispositivos electrónicos que se coloquen a personas que cumplan el arresto o detención preventiva domiciliaria o prisión domiciliaria por orden emanada de autoridad judicial competente.

Durante el acto y luego de firmar la resolución que aprueba el protocolo de actuación del CCPVE , el ministro López agradeció la disposición, especialmente a las autoridades nacionales, en ayudar a la Provincia en la puesta en marcha del nuevo servicio.

Acompañaron la inauguración, entre otras autoridades, el secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo; el presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña; el fiscal adjunto del ministerio Público Fiscal, José Gómez Demmel; el jefe del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier y el director de Políticas Penitenciarias, Federico Robledo.

Capacitación. Para la puesta en marcha, funcionarios del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y personal de la empresa encargada de brindar el software y de llevar adelante el proceso, realizaron una capacitación especial  a personal del Servicio Penitenciario de la Provincia, cuyo equipo está íntegramente conformado por mujeres.  Sus agentes tendrán a cargo no sólo la atención específica en el CCPVE sino también estarán a cargo de la colocación de los dispositivos electrónicos.

Además se capacitó a personal del Patronato del Liberado, quienes tendrán la función el sostenimiento y la apoyatura social de las personas que están privadas de la libertad en su domicilio.

Vale destacar que las personas que se incorporan al programa de vigilancia electrónica lo hacen mediante una orden judicial emanada de la autoridad competente mientras cumpla todas las condiciones previstas en las leyes de ejecución penal, código penal y procesal penal de la Provincia de Córdoba.