OTRA ALTA AUTORIDAD POLICIAL ENTRE REJAS

El fiscal Guillermo González ordenó en las últimas horas la detención del jefe de la Policía Caminera de Córdoba, Maximiliano Ochoa Roldán, imputado por una serie de delitos que incluyen asociación ilícita, extorsión, peculado y enriquecimiento ilícito.

“Utilizaban su lugar en la Policía para cometer ciertos delitos”, señaló González.

Audio: Guillermo González (Fiscal de la Provincia).

La investigación se inició a partir del testimonio de un colega que rastreaba una banda delictiva con presuntos vínculos policiales.

González los imputó por los delitos de coacción, extorsión, peculado, enriquecimiento ilícito (en al menos cuatro hechos), encubrimiento por omisión de denuncia y asociación ilícita en calidad de jefes.

Además de Ochoa Roldán, fueron detenidos otras seis personas, entre ellos Miguel Ochoa Roldan, abogado y hermano del ahora ex jefe de la caminera. Tambien están detenidos, el comisario inspector Martín Darío Heredia, el comisario inspector Jorge Gutiérrez (de Protección de Testigos), el comisario inspector, abogado Leonardo Javier Tores, a cargo de la Asesoría Letrada de la Policía de Córdoba y el suboficial Dante Gabriel Villalba, chofer en la Jefatura de Policía y Gabriel Élido Burhard, civil.

“Todo el tiempo cobraban dinero a través de civiles. Estamos hablando de una buena cantidad de dinero”, comentó el fiscal. Además dijo que hay pruebas suficientes que confirman las sospechas iniciales y que los efectivos “tenían acceso a antecedentes penales” que les permitían maniobrar para su beneficio.

El ministro Juan Pablo Quinteros, por su parte, respaldó la labor de la fiscalía y subrayó que “desde el primer día el gobernador nos encomendó una tarea clave: ejecutar la absoluta transparencia en las fuerzas”.

Audio: Juan Pablo Quinteros (Ministro de Seguridad de Córdoba).

Ambas autoridades remarcaron que los responsables serán separados de la fuerza y que se trata de un caso “muy grave”, pero que nada tiene que ver con hechos relacionados a las funciones que ellos cumplían.

La fiscalía informó que existen elementos que indican que los acusados habrían conformado una organización delictiva compuesta por efectivos policiales -que cuentan con el título de abogado-, un civil y abogados particulares, que utilizaron información de carácter reservado extraída de bases de datos oficiales a las que tiene acceso el personal policial para llevar adelante negociaciones extrajudiciales, cobro de deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios de acuerdo a los antecedentes registrados en la planilla prontuarial obtenida de manera ilegítima, todo lo cual redundaba en su beneficio económico.