RECHAZO OPOSITOR AL PROYECTO

El legislador provincial Rodrigo Agrelo consideró que con en el proyecto de ley sobre seguridad elevado a la Legislatura, “el peronismo de Córdoba propone la privatización parcial de la seguridad pública”.

En comisión sostuvo que el Estado Provincial debe ser considerado “el único responsable de las políticas de seguridad pública y seguridad ciudadana” (Art 2 – Despacho en minoría).

El bloque de Encuentro Vecinal entiende que la provincia no puede delegar en los municipios las facultades del poder de policía que le ha otorgado en forma exclusiva la Constitución de la Provincia (Art. 6 – Despacho en minoría) y mucho menos involucrar en este tarea a las Agencias privadas de seguridad.

En este sentido propone prohibir el uso de armas no letales tanto por parte de guardias privados como por los integrantes de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia Ciudadana (Art 7 – Despacho de minoría).

Finalmente, Agrelo adhiere a la creación de fiscalías y juzgados de control pero propone otorgarles la facultad de investigar delitos contra la Administración Pública (casos de corrupción), excepto aquellas fiscalías abocadas exclusivamente a perseguir al narcotráfico. (Art 21 – Despacho en minoría).

La opinión de Luis Juez

Foto: Gentileza.

Otro que se expresó sobre el tema fue el senador nacional Luis Juez, quien a través de su cuenta X, expresó: “Dicen que el gobernador Martín Llaryora, habría conseguido los votos necesarios para privatizar la seguridad en la provincia de Córdoba. Es inaudito e inadmisible que toleremos una decisión semejante”.

Luego agregó: “La seguridad es una potestad indelegable e ineludible del estado y no debe ser transferida a sectores privados a través de un negocio millonario armado con cooperativas y empresas de seguridad.

Esta gestión tiene el deber y la obligación de velar por la seguridad de cada uno de los cordobeses, formando e instruyendo a los efectivos de la fuerza, pagándoles buenos salarios para tener una carrera policial acorde a las necesidades de la gente.

No quiero pensar en la cantidad de juicios millonarios que el Estado va a terminar pagando en un futuro inmediato, permitiendo el uso de armas no letales al sector de la seguridad privada.

Los cordobeses no debemos tolerar semejante medida. Llaryora no se puede desentender de su obligación, de su responsabilidad.

Para qué se hizo votar si ahora tiene que salir públicamente a manifestar que no está en condiciones de asumir uno de los principios básicos de cualquier gobernador que es brindar seguridad a sus vecinos.

Es una locura y una vergüenza a la que claramente nos vamos a oponer. Este fue el mandato que nos dio la gente el 25 de junio.

Por eso decimos en forma contundente: No a la privatización de la seguridad”.