A LOS NARANJITAS LOS SEGUIRAN CONTROLANDO LOS MUNICIPIOS

En la continuidad de la 5ª sesión ordinaria correspondiente al 148° período legislativo, y tras varias horas de debate, este miércoles a la noche la Legislatura provincial convirtió en ley varios proyectos compatibilizados para regular la actividad de cuidacoches y limpiavidrios en todo el territorio de la provincia de Córdoba. Se trata de una problemática social que lleva años y acerca de la cual la sociedad viene exigiendo soluciones.

La nueva ley modifica el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba (ley 10.326). Entre sus aspectos salientes, prohíbe el cuidado de vehículos si no media habilitación de cada municipio y comuna. Es decir, serán las administraciones locales las que deberán decidir si autorizan o no esta actividad.

En cuanto a sus objetivos, la normativa busca ordenar el espacio público con reglas claras, mejorar la seguridad ciudadana, fortalecer el rol de los gobiernos locales y abrir oportunidades de inclusión laboral. La Provincia acompaña a municipios y comunas en este proceso poniendo a disposición herramientas y programas.

Otro aspecto importante es que la flamante ley salió con la participación y el aporte de diferentes actores sociales, entre ellos centros vecinales, cooperativas de trabajo, organizaciones sociales, la Pastoral Social de la Iglesia de Córdoba y los intendentes de distintas localidades.

En cuanto la cuestión social, la normativa prevé un abordaje integral de la problemática, con relevamientos de las personas alcanzadas por esta situación y el desarrollo de instancias de capacitación en oficios, formación laboral y acompañamiento para la reinserción a través de la Universidad Provincial de Córdoba, cuestiones que la Provincia concretará en articulación con los municipios.

En este sentido, la ley crea el Programa Transitorio de Inclusión Sociolaboral de Personas Cuidacoches y Limpiavidrios Urbanos.

La sesión fue encabezada por la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Por momentos, también ocuparon la conducción del plenario el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, y la vicepresidenta de la Cámara, Julieta Rinaldi.

Sanciones

La nueva ley establece sanciones de hasta seis días de trabajo comunitario, multa de hasta 50 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días para quienes, sin habilitación de la autoridad competente, exigieren o impusieren una retribución económica por permitir el estacionamiento, permanecer en el lugar o retirar un vehículo, o invocaren su cuidado con la finalidad de obtener esa retribución, en la vía pública o en lugares de acceso público.

Además, estipula sanciones de hasta tres días de trabajo comunitario, multa de hasta 12 Unidades de Multa o arresto de hasta tres días para quienes, contando con habilitación otorgada por la autoridad competente, incumplieren las condiciones, requisitos, límites o modalidades que establece la normativa vigente.

Asimismo, determina sanciones de hasta seis días de trabajo comunitario, multa de hasta 50 Unidades de Multa o arresto de hasta seis días para quienes realizaren o intentaren realizar la limpieza de parabrisas, vidrios u otras superficies de vehículos detenidos o momentáneamente detenidos en la vía pública o en lugares de acceso público.

Para cuidacoches y limpiavidrios, la ley contempla agravantes en ciertos casos, con sanciones más severas.

Asimismo, establece que el Ministerio Público Fiscal investigará las infracciones previstas en el Código de Convivencia Ciudadana y la autoridad policial limitará su actuación a “la constatación del hecho, la adopción de medidas urgentes y provisionales, y la confección del acta inicial”.

Municipios y comunas

En otro de sus aspectos, la ley invita a municipios y comunas “a informar al Ministerio de Seguridad de la Provincia la identidad de las personas que se encuentren facultadas para realizar la actividad de cuidado de vehículos en la vía pública o en lugares de acceso público en sus respectivas jurisdicciones, a fines de facilitar su identificación y control, tanto por la autoridad de aplicación como así también de la ciudadanía”.

Finalmente, la normativa determina que el Ejecutivo provincial “acompañará a los municipios y comunas en el marco de sus propios programas de capacitación, reinserción e inclusión, contemplando un abordaje integral en materia de salud mental y consumos problemáticos, mediante el desarrollo de cursos y capacitaciones en oficios brindados por la Universidad Provincial de Córdoba u otros organismos pertinentes”.

La nueva ley comenzará a regir a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

Posición del radicalismo

El Bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado en el que expresan que: «La crisis por el descontrol de la vía pública en Córdoba nos golpea diariamente a todos. Por eso en el debate sobre la reforma del Código de Convivencia los legisladores buscamos escuchar a todos los actores y generar una ley positiva para toda la sociedad.

La ley llego al recinto justamente por la inoperancia del gobierno municipal de la capital, que no ha sabido regular un problema local y lo ha provincializado. La administración provincial buscó un salvataje de la gestión de Daniel Passerini y del ministro Juan Pablo Quinteros, quien quedó en evidencia luego del ataque recibido por el comisario inspector Rubén Brandán.

Es por eso que desde el bloque de la Unión Cívica Radical consideramos necesario presentar un despacho en minoría por el cual se consideraran algunos puntos en los que el oficialismo no fue lo suficientemente claro.

Un ejemplo de ello es la función que se le delega a los municipios, dejando en manos de los intendentes y jefes comunales la potestad de adherir o no esta ley. Desde nuestro punto de vista, debemos brindarle una herramienta como lo es un registro formal, provincial y unificado, por el cual se conozca quienes son los trabajadores habilitados.