LAS 100 MIL VIVIENDAS DEL FITU

Soledad Díaz, candidata a Diputada Nacional, junto a Cintia Frencia, candidata a Concejala por el FITU (Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad), explicaron la propuesta para poner en marcha un plan de 100 mil vivienda populares y de urbanización en Córdoba.

Soledad Díaz, detalló: “la crisis habitacional en Córdoba se viene agravando año a año, superando las 350 mil familias en la provincia. Sólo en la ciudad capital hay más de 120.000 familias sin vivienda, y al menos 250 barrios populares sin urbanización. Cientos de familias enfrentan el frío en condiciones de extrema precariedad, con riesgos altísimos. Hoy tenemos que lamentar la muerte de una chica de 32 años en barrio Cerrito producto de un incendio. Esta situación es el resultado de la entrega de la ciudad y la provincia a los especuladores inmobiliarios”.

“Gamma, Roggio, Corporación América, Edisur, monopolizan el suelo urbano, lo que encarece el precio de la tierra y los alquileres expulsando a las familias de los centros urbanos, mientras proliferan complejos habitacionales de gran valor inaccesibles para las familias trabajadoras. La UCR y el PJ alimenta esta entrega con convenios urbanísticos que las empresas incumplen permanentemente, pero aun así son premiados con nuevos plazo y eximiciones impositivas. Hay que terminar con el negocio de la tierra para un puñado de empresario”.

Por su parte, Cintia Frencia, explicó: “Nuestra prioridad es defender el acceso a la vivienda digan de todas las familias trabajadoras, y para ello necesitamos revertir décadas de entrega y negociados. Proponemos la ampliación y puesta en marcha del banco de tierras municipal, incorporando todos los terrenos fiscales y el equivalente al 5% de cada emprendimiento inmobiliario de gran valor. Sobre esta base, implementar un programa para la construcción de 100.000 viviendas populares en la ciudad, elaboradas con mano de obra bajo contratación directa del Estado, y financiadas con créditos a tasa cero del banco de la provincia de Córdoba. Poner fin a las eximiciones impositivas a las constructoras, y establecer un impuesto a las viviendas ociosas destinado a financiar la urbanización de los barrios populares en la ciudad”.