LOS LÍDERES DEL SURRBAC VAN A JUICIO

El Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba decidió en la tarde de este martes rechazar por unanimidad la propuesta de “reparación integral del daño” que realizaron los directivos del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, a cambio del perdón judicial.

Saillén y Catrambone, habían ofrecido pagar 750 mil dólares (US$ 70 mil al gremio, US$ 30 mil al querellante particular y US$ 650 mil a una institución pública) y los cinco acusados restantes US$ 64.000. En total la suma ascendía a US$ 814 mil.

La intención de la oferta buscaba evitar el juicio que cursa en la justicia por lavado de activos, defraudación, usura y asociación ilícita.

El fiscal general, Maximiliano Hairabedián, se opuso al arreglo. En particular consideró que el monto ofrecido por los principales acusados debía ser trazable; es decir evidenciar con certeza que no sea malhabido, ya que continúa investigándose a las mismas personas por lavado.

La audiencia se llevó el interés de gran parte de los trabajadores agremiados, ya que Catrambone y Saillén habrían montado una estructura para realizar maniobras de usura dentro del gremio. Todo es materia de investigación.

En el segundo apartado de la resolución se deja en claro que se rechaza la solicitud de suspensión de juicio planteada por las defensas de Saillén y Catrambone.

“RECHAZAR el pedido de suspensión de juicio a prueba prevista en el art. 76 bis del CP peticionada de manera subsidiaria por las defensas de los acusados Osvaldo César Medina y Juan Manuel Riba”, se lee en el segundo apartado de las resoluciones.

El rechazo y la suspensión fueron emitidos por los jueces Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y José Fabián Asís.

Descartado el arreglo, los siete acusados deberán afrontar un juicio abierto. Sobre este particular hubo disidencia entre los jueces. El presidente, Jaime Díaz Gavier y el vocal Julián Falcucci resolvieron que el debate oral y público se realizará cuando se incorpore la parte desglosada del expediente donde los 10 gremialistas están procesados por lavado de activos.

El tercer juez, José Fabián Asís, disintió señalando que el juicio debía comenzar de inmediato.

El resto de los procesados

• Franco Gabriel Saillén: imputado por un hecho de lavado de activos agravado y por la utilización de personas de existencia ideal, le trabaron embargo por 30 millones de pesos.
• Agustín Mauricio Catrambone: lavado de activos agravado y por la utilización de personas de existencia ideal en un hecho, dispusieron un embargo por 30 millones de pesos.
• Juan Carlos Saillén: procesado por dos hechos de lavado de activos agravado por la utilización de personas de existencia ideal. Fijaron embargo por 20 millones de pesos.
• Adriana Cecilia Oviedo: imputada por un hecho de lavado de activos agravados y por la utilización de personas de existencia ideal. Trabaron embargo por 20 millones de pesos.
• Darío Mauricio Saillén: lavado de activos agravado y por la utilización de personas de existencia ideal en un hecho. Embargo por 10 millones de pesos.
• Hechor Gabriel Blanes: lavado de activos agravado por la habitualidad y por la utilización de personas de existencia ideal en dos hechos. Embargo por 30 millones de pesos.
• Daniel René Ayerbe: lavado de activos y por la utilización de personas de existencia ideal en un hecho. Embargo por 45 millones de pesos.
• Juan Carlos Delgado: lavado de activos y por la utilización de personas de existencia ideal en dos hechos. Embargo por 45 millones de pesos.

La causa

La investigación hecha en su momento por el fiscal Enrique Senestrari involucró a 19 acusados. La fiscalía acusó a los dos máximos líderes del gremio, Saillén y Catrambone, por ser los cabecillas de una presunta asociación ilícita que se dedicaba al lavado de activos, a la usura y a la administración fraudulenta de los recursos de los afiliados y de la Mutual del sindicato.

Según la imputación los hechos habrían comenzado en el 2009 y se habrían extendido hasta el 2018, y consistieron en maniobras de usura contra los propios afiliados.

Los fondos no contaban con autorización ni control oficial, y los intereses oscilaban entre el 9,7% y el 13,9% mensual.