OTRA MIRADA SOBRE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El diputado nacional por la provincia de Córdoba, Rodrigo de Loredo, se refirió al proyecto del Ejecutivo para reformar la composición del Consejo de la Magistratura que esta semana se debate en las comisiones del Senado.

Sobre la realidad del organismo, de Loredo expresó: “No caben dudas que el Consejo de la Magistratura actualmente funciona mal, se suceden constantes ataques a la independencia del Poder Judicial a partir del nombramiento de jueces militantes o afectando la estabilidad de los jueces ya existentes”.

Agregó: “Los procesos disciplinarios se demoran hasta tres años para tener de alguna manera condicionados a los jueces. El Consejo hoy se resume en jueces precarios esperando ser designados y jueces designados esperando no ser sancionados”.

El diputado radical reflexionó: “Con la reforma del Consejo el gobierno nacional pone en juego tres aspectos centrales: La designación del 25% de los casi mil jueces federales que en total tiene el Poder Judicial, es decir, un total de 239 vacantes tienen que ser ocupadas por nuevos magistrados. Seleccionarlos imparcialmente, sin idoneidad técnica o al calor de la política va a colonizar la justicia y producir un daño institucional irreparable que se proyectará por los próximos 30 años”.

Amplió: “También se pone en juego la agenda de impunidad del gobierno, ya que el Consejo debe elegir, entre otras cosas, una de las Cámaras de Casación Penal que es clave en los procesos de corrupción. Tercero, cómo se prepara el Poder Judicial para su mayor desafío institucional que es el avance del narcotráfico”.

Sobre la nueva integración que propone el Ejecutivo que consiste en siete miembros políticos, de los cuales cinco corresponden al oficialismo y dos a la oposición y la exclusión del miembro de la Corte Suprema, de Loredo expresó: “Nos parece inaceptable. Nosotros proponemos una integración igualitaria en lo político y la presencia del representante de la Corte en el Consejo. Pero también proponemos una reducción del plazo para cubrir las vacantes concursos generales y no por cargos, que tenga mayor puntaje la prueba escrita y que la entrevista oral que hoy se usa para los acomodos tenga 10 de 100 puntos”.

“Proponemos también reducir a un año el plazo para los procesos sancionatorios, una mayor representación del interior, igualdad de género en la conformación, ser auditado por la Auditoría General de la Nación y, centralmente, un plan de control de gestión para mejorar el servicio general de justicia laboral, civil, comercial, de familia que hoy no audita nadie, que es lento, deficiente y alejando de las necesidades de la gente”, concluyó.