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JUNTOS PROYECTAN UN RECHAZO

Foto de archivo: Gentileza.

Política

JUNTOS PROYECTAN UN RECHAZO

Más de cincuenta diputados Nacionales de Juntos por el Cambio acompañaron hoy el proyecto impulsado por el bloque Radical Evolución,  a instancias del diputado Alejandro Cacace, para que el Congreso rechace el decreto 131/22 presentado por el Presidente Alberto Fernández por el cual aumenta las alícuotas de los derechos de exportación del aceite y harina de soja a 33%.

En este sentido, el presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, explicó: “El gobierno no puede aumentar impuestos amparados en viejas normas declaradas inconstitucionales. El Congreso debe intervenir y rechazar el decreto del presidente”.

“El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo establecido en el artículo 52 de la ley de Solidaridad Social y Reactivación para fijar derechos de exportación, de manera que el Ejecutivo no tiene potestad para fijar nuevas alícuotas sin pasar por el Congreso en busca de una ley que lo avale”, explicó.

La iniciativa de Cacace cuenta con el respaldo de más de cincuenta diputados Nacionales de Juntos por el Cambio, entre ellos, Rodrigo De Loredo, Martín Tetaz, Maria Eugenia Vidal, Graciela Ocaña, Emiliano Yacobitti, Waldo Wolff, Gabriela Brouwer de Koning, Danya Tavela, Marcela Antola, Ingrid Jetter, Sofía Brambilla, Juan Martín Musacchio, Dina Rezinovsky, Alfredo Schiavoni, Karina Bachey, Gerardo Milman, Pablo Torello, Ana Clara Romero, Victoria Tejeda.

Hasta el 2019 el Poder Ejecutivo podía fijar los derechos de exportación con un tope máximo del 30%, facultad que había sido delegada por el Presupuesto 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. La Ley de Emergencia Económica (Ley 27.541), amplió las retenciones (derechos de exportación) al 33% y extendió la vigencia de esa facultad por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2021.

El Poder Ejecutivo fundamenta su decreto en el artículo 755 de la Ley N° 22.415 (Código Aduanero). Esa norma del Código Aduanero supuestamente lo faculta a establecer los derechos de exportación. En esta lógica, el Poder Ejecutivo da cuenta al Congreso del decreto dictado (131/22) para su aprobación o rechazo bajo el régimen de la Ley 26.122.

Sin embargo, esa delegación de facultades no es tal. El artículo 755 del Código Aduanero, que supuestamente faculta al Poder Ejecutivo a establecer los derechos de exportación ha sido categóricamente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de su validez constitucional, debido a que no contiene los elementos esenciales del tributo, como la determinación de la alícuota a aplicar.

Finalmente, por el decreto 131/2022, el Gobierno aumentó los derechos de exportación sobre la harina y el aceite de soja al 33%. Lo rechazaremos en el Congreso, ya que el Presidente ha ejercido facultades legislativas impositivas que no le fueron delegadas. Es inconstitucional.

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