EL TRATAMIENTO DEL CANNABIS

En reunión conjunta, tres comisiones de la Unicameral comenzaron a dar tratamiento a las propuestas de adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional 27.350 de “Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”.

Con este propósito se presentaron los Proyectos de Ley Nº 29563/L/19, elevado por el legislador Franco Miranda y la legisladora Laura Labat; el Proyecto Nº 31868/L/20 iniciado por las legisladoras Luciana Echavarría y Soledad Díaz García (MC), y el Proyecto de Ley 32398/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo.

Del encuentro participaron los miembros de las comisiones de Legislación General, de Salud Humana y de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

Al presentar su iniciativa, el legislador Miranda hizo una reseña acerca de las disposiciones reglamentarias que surgen a partir de la sanción de la Ley en 2017. Al referirse puntualmente a su proyecto, el parlamentario resaltó la importancia de “garantizar el acceso libre y gratuito a los ciudadanos, el desarrollo científico, y el autocultivo controlado” del cannabis.

En su propuesta también se incluye la creación de un laboratorio provincial de cannnabis medicinal, a la par de un registro de usuarios que resguarde la identidad de los destinatarios de los aceites y productos derivados. De la misma forma, promueve la creación de un consejo asesor para el uso terapéutico del cannabis, conformado por distintas instituciones y organizaciones involucradas en la temática.

En tanto, los fundamentos enviados por el Ejecutivo Provincial se basan sobre los ejes transversales propios de la normativa nacional. Estos se refieren a la producción, priorizando la “eventual industrialización a través de los laboratorios públicos” y a la “provisión” del aceite y/o sus derivados de forma gratuita a personas inscriptas en un registro nacional. Las provincias podrán adherir a través de “convenios que se celebren con la Autoridad de Aplicación” asignada al MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

A su turno, la legisladora Luciana Echevarría dijo que las tres iniciativas “son perfectamente compatibles” y remarcó la necesidad de “escuchar a todas las voces, a todos los sectores”, en particular a aquellas organizaciones civiles “conocedoras de las realidades y las temáticas específicas que deben ser reflejadas”.

Luego de exponer sus consultas y posiciones, los legisladores y legisladoras acordaron avanzar en un texto que unifique los tres proyectos y los aportes específicos, mientras se define una agenda de próximas reuniones con autoridades sanitarias y organizaciones afines.

La reunión estuvo presidida por las legisladoras Julieta Rinaldi (Legislación General) y Silvia Paleo (de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones).

TRATAN LA LEY YOLANDA

Con la presencia de representantes de organizaciones ambientalistas con sede en Córdoba, este martes se llevó a cabo un encuentro virtual de la Comisión de Ambiente.

Convocada por su presidenta, la legisladora Nadia Fernández, durante la reunión se trató la adhesión de la provincia a la llamada Ley Yolanda, la legislación nacional que impulsa la capacitación obligatoria en materia ambiental y de desarrollo sostenible para los agentes que se desempeñan en los tres niveles del Estado.

En la Unicameral existen tres proyectos en ese sentido, cuyas particularidades comenzaron a discutirse en esta reunión. La idea es instalar la necesidad y la importancia de impartir estos conocimientos a los agentes públicos de los diversos niveles, mediante “un trabajo participativo, democrático y que incluya a todas las fuerzas políticas, universidades y asociaciones civiles involucradas con la temática ambiental, con sede en la provincia de Córdoba”.

Cabe destacar que ya son cuatro las provincias argentinas que han adherido a la iniciativa, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. La intención es que la ley salga en Córdoba con el acompañamiento de todos los bloques.

La Ley Yolanda homenajea en su nombre a Yolanda Ortiz, doctora en química nacida en la provincia de Tucumán, quien fuera la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, repartición nacional creada en 1973 durante el tercer gobierno de Juan Perón.