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IMPUTADOS POR EL CORTE
El fiscal Ernesto de Aragón imputó “por entorpecimiento del transporte” a seis personas que se manifestaron por las calles del centro de la ciudad este miércoles, en el marco de las protestas impulsadas por Unidad Piquetera. Según la justicia la decisión se da luego de que se negaran a identificarse y obstruyeran el paso de los vehículos particulares y colectivos.
La imputación, que aún no difundió nombres, llega después de que el pasado lunes, el juez de Control y Faltas de 10ª Nominación, Juan Manuel Fernández López, hiciera lugar a un hábeas corpus presentado por el Centro Vecinal del centro de la ciudad en contra de las movilizaciones que impiden la libre circulación por las calles.
En su resolución, el magistrado dispuso que “las autoridades competentes” arbitrasen los medios necesarios para “hacer cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un término razonable y mediante la implementación de medidas efectivas conducentes a tales fines”. El delito prevé prisión de 3 meses a 2 años, tipificado en el artículo 194 del Código Penal.
Además, en esa oportunidad hizo saber al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, que “se encuentra legalmente autorizado (…) a llevar adelante todo tipo de tareas inherentes a la prevención anticipada de la toma indebida del espacio público, con preponderancia de las calles y demás vías de circulación”.
En declaraciones a Cba24n el funcionario judicial resaltó que “se labraron las actuaciones, porque se entiende que se cometieron ilícitos penales”, mientras se siguen “repasando los registros fílmicos” para determinar si puede haber más imputaciones.
El fiscal consideró como «deliberada» la decisión de las organizaciones sociales de bloquear las calles enteras. Cabe destacar que la semana pasada los vecinos y comerciantes del centro presentaron un hábeas corpus en el que afirmaron sentirse afectados por las continuas marchas. De esa forma, las autoridades habían anticipado que no se permitiría el corte completo.
«No fuimos notificados. Respecto al habeas corpus, nunca escucharon la voz de los desocupados acá ni en la Legislatura. Pretenden limitar el derecho a la protesta en un país donde la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 57% de los pibes pasan hambre», dijo el dirigente del Polo Obrero, Emanuel Berardo a GEF Informa, quien agregó que la decisión de ocupar toda la calzada fue consensuada con la Policía de Córdoba.
Audio: Emanuel Berardo (Dirigente Polo Obrero).
