LAS CÁMARAS MUNICIPALES

En la quinta sesión virtual y la séptima especial del 142° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles la modificación de la Ley 9.380, que autoriza a municipios y comunas para utilizar las videocámaras de la Policía de Córdoba y cualquier otro sistema para la investigación de delitos.
También se dio visto bueno al nombramiento de Clarisa Carrera como subjefa de la Fuerza Provincial Antinarcotráfico.
De este modo, con la aprobación de esta tarde se autoriza el uso de esos registros, hasta el momento en poder exclusivo de la Justicia de Córdoba, por parte de los municipios y comunas que así lo requieran, previo establecimiento de los respectivos convenios con la Provincia.
Las modificaciones recibieron 49 votos por la afirmativa y 19 por la negativa. Hubo dos ausencias.
En segundo término, se dio acuerdo al pliego de designación de la técnica superior en Seguridad Ciudadana, Clarisa Fany Carrera, como subjefa de la Fuerza Provincial Antinarcotráfico.
La oficial Carrera, quien se desempeña en la FPA desde su creación, cuenta con una trayectoria de 24 años en el sistema de seguridad de Córdoba, mientras que en el último año actuó como jefa de división de la fuerza que combate el tráfico de drogas en el ámbito de la provincia.
Asimismo, la Unicameral dio visto bueno a cuatro nombramientos en distintas cámaras en lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo.
Se trata de los camaristas Jorge Castro y Lucrecia Nocetto (séptima circunscripción, Cruz del Eje), María Godoy (décima circunscripción, Río Tercero) y José Aita Tagle (segunda circunscripción, Río Cuarto).
Desde la oposición, la Legisladora de Córdoba Cambia, Daniel Gudiño, criticó esta aprobación, argumentando que “este proyecto contiene, aunque no se exprese explícitamente, una finalidad recaudatoria, pretende ser una caja para recaudar, no nos tomen de ignorantes. Advertimos también, que con estas reformas queda abierta la puerta a una posibilidad cierta de vulnerar el derecho a la intimidad de las personas, un derecho elemental, porque no quedó claro si habrá centrales de monitoreo en cada localidad para controlar las cámaras, ni tampoco queda determinado quiénes, cómo y para qué podrían utilizar este material”.